Las empresas indígenas de Chile van a tener por primera vez una forma de acreditar su condición ante un comprador. El 31 de agosto de 2026, TVN cubrió la presentación del «SEi · Sello Empresa Indígena», la primera marca de certificación de empresas indígenas del país, cuya solicitud de registro está presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y hoy se encuentra en tramitación.
Una marca de certificación no es un logotipo comercial: es un instrumento que acredita el cumplimiento de criterios definidos por una entidad certificadora, y que se registra ante INAPI con un reglamento de uso que fija esos criterios. Eso es lo que se presentó. El paso siguiente del procedimiento es la publicación en el Diario Oficial.
La estructuración de la marca y de su sistema de protección contó con la asesoría pro bono del estudio az, en el marco del trabajo de la Fundación Pro Bono Chile. La condujo el Grupo de Propiedad Intelectual e Industrial de la firma: el socio Eugenio Gormáz junto a los asociados Fernanda Rodríguez y Matías Selamé.
“Estamos muy agradecidos por el apoyo pro bono del equipo az durante este proceso. Su asesoría fue clave para desarrollar una marca de certificación robusta, que permitirá entregar confianza al mercado y contribuir al reconocimiento de las empresas indígenas en Chile.”
Venancio Coñuepan, director ejecutivo de la Fundación Empresas Indígenas
Gormáz, por su parte, situó el aporte en los criterios: haber contribuido a una iniciativa que, en sus palabras, fortalecerá el posicionamiento y la competitividad de estas empresas bajo criterios objetivos y verificables.
El tamaño del problema que el Sello viene a resolver
El segundo Catastro Nacional, de 2025, identificó 17.221 iniciativas económicas indígenas en Chile: un 564% más que las 2.593 del primer catastro de 2022, es decir 6,6 veces. El 84% de ellas está liderado por mujeres. Y de las que registran los programas de fomento social, el 97% opera sin formalizar.
Ese 97% pide una precisión que la Fundación hace siempre, porque es la diferencia entre un dato y una caricatura: la cifra mide a quién atienden las fuentes consultadas, que son mayoritariamente programas sociales, y no describe a la economía indígena en su conjunto. FOSIS, por ejemplo, aporta 11.864 de los registros y ninguna empresa formal entre ellos. Lo que el número dice es dónde estaba mirando el Estado, no cuánta empresa indígena formal existe.
La unidad también importa, y acá se aparta de como suele contarse en prensa. El Catastro cuenta iniciativas, no empresas: una iniciativa puede ser un emprendimiento informal, una empresa constituida, una comunidad que produce o un proyecto financiado. Llamar «empresas» a las 17.221 sería falso para casi todas, justamente por ese 97%.
Qué está hecho y qué no
Conviene ser exacto, porque la diferencia decide si una empresa puede usar el Sello mañana. Lo que está hecho es la solicitud de registro de la marca de certificación ante INAPI, presentada y en tramitación. Lo que no está hecho es el registro concedido, y por lo tanto no hay ninguna empresa certificada todavía: mientras el procedimiento no termine, el Sello no acredita a nadie. La Fundación no va a decir lo contrario ni cuando un titular lo diga por ella.
La distinción no es un tecnicismo de abogados. Un sello sirve exactamente en la medida en que el mercado le crea, y la confianza de un instrumento de verificación se construye no afirmando nunca más de lo que se puede sostener con un documento. Un sello que se anuncia terminado antes de estarlo se gasta antes de servir.
Qué verifica, y por qué las tres dimensiones van juntas
La nota de TVN describe el Sello como destinado a empresas cuya propiedad, administración, control o gobernanza pertenecen mayoritariamente a personas indígenas. El estándar es más estricto que esa enumeración con «o»: se exige al menos un 50% en tres dimensiones simultáneas, propiedad, gestión y control, y no basta con cumplir una. Una empresa cuyo capital es indígena en un 60% pero cuya administración y decisiones están en otras manos no describe lo que el Sello certifica.
El umbral del 50% coincide con el que ya usan los compradores (BHP define proveedor indígena sobre un 50% de propiedad) y con el criterio de los consejos de la red global, entre ellos Supply Nation en Australia, de cuyo diseño el Registro tomó inspiración. La diferencia no está en dónde se pone la línea: está en que el comprador cuenta un 50% autodeclarado y el Sello verifica ese 50% más la gestión, el control, el registro público y la auditoría de mantención. La Fundación no compite en el umbral; compite en la verificación.
Y ahí está la razón de fondo por la que esto no es un listado más. Lo que acredita la calidad indígena de una empresa son documentos que pide su propio titular: el certificado de calidad indígena que CONADI emite a la persona, o el registro de la comunidad o asociación ante CONADI cuando es ella la dueña. El Sello verifica esos documentos; no infiere la identidad de nadie desde afuera, porque no se puede y porque no corresponde.
