VALLE DE INTAG, ECUADOR. Diecinueve familias de las comunidades de Cerro Pelado, Chinipamba, Nangulvi Bajo y Barcelona son dueñas del 90% de HidroAguagrún, una central de pasada de 300 kilovatios sobre el río Aguagrún, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
El 10% restante se reparte en partes iguales entre la Corporación Toisán y la Fundación Futuro, las dos organizaciones que aportaron el acompañamiento técnico y más de la mitad del financiamiento. El proyecto está registrado como empresa desde 2022, y la mitad de los ingresos netos por la electricidad que se venda a la red nacional entrará a un fideicomiso destinado a conservación, empezando por los bosques nublados de la zona.
La central proyecta 120.000 dólares anuales por venta de electricidad, con unos 40.000 de operación y mantenimiento. Según el documento que entregó la Fundación Futuro, el proyecto ya elevó ingresos y capacidades en 17 negocios rurales, formó a 28 dirigentes y jóvenes en energía sostenible, creó 11 empleos permanentes en operación, monitoreo y ecoturismo, y contempla que 345 personas participen de las utilidades durante los 30 años de vida útil de la planta.
La obra se levantó en mingas, el sistema andino de trabajo colectivo y voluntario, y las decisiones se votaron en asambleas comunitarias. Los constructores, transportistas y mecánicos locales fueron la primera opción de contratación. La bocatoma y una tubería enterrada de 800 metros ya están terminadas, la casa de máquinas de 60 metros cuadrados sigue en obra y el proyecto entró en su fase de pruebas hidrostáticas. Las familias esperan cerrar la construcción a fines de 2026. Para vender a la red nacional falta que la red local deje de ser monofásica, y ahí negocian un cofinanciamiento con la empresa eléctrica regional.
Jorge Guachagmira, presidente de la Asociación de Producción de Energía Renovable Río Aguagrún, que representa a las 19 familias de la microcuenca, lo dijo así a Mongabay, en una entrevista publicada en inglés:
“Los dueños no van a ser corporaciones convencionales. Queremos que los dueños sean las personas que viven en el lugar.”
Jorge Guachagmira, presidente de la Asociación de Producción de Energía Renovable Río Aguagrún
Lo que la Fundación lee acá
El activo no se compensó: se retuvo. En la conversación chilena sobre energía y territorio, lo que se suele ofrecer a una comunidad es compensación, empleo durante la obra o un porcentaje de las ventas. Acá el 90% del activo quedó en manos de las familias y los aliados técnicos se quedaron con 5% cada uno, aun habiendo puesto más de la mitad de la plata. Eso cambia dos cosas que ninguna compensación cambia: quién decide y quién capitaliza durante los treinta años que dura la planta.
Lo replicable no es la tecnología. La Fundación Futuro identificó cinco sitios más en Intag, de 300 kilovatios a 1 megavatio, y trabaja en modelos de financiamiento para acompañar a cada comunidad. Las condiciones que sus técnicos enumeran son organizativas antes que técnicas: cohesión y voluntad de la comunidad, disponibilidad de agua, alianzas firmes, acceso a capital y capacidad técnica que no mida solo utilidades. En Chile la traba equivalente casi nunca es la turbina: es el capital y la titularidad.
El marco habilitante también importa, y es la parte que no se puede improvisar. La Constitución ecuatoriana de 2008 y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica de 2015 permiten que la Economía Popular y Solidaria participe del sector eléctrico, y el país viene empujando la generación distribuida después de la crisis de 2024, cuando los apagones llegaron a catorce horas diarias en un sistema que depende de la hidroelectricidad para el 78% de su electricidad. Sin esa puerta legal, la propiedad comunitaria de una central no habría podido inscribirse.
Por qué esta nota no dice «familias indígenas»
La curaduría por la que llegó esta historia la tituló como un proyecto de familias indígenas. El reportaje de Mongabay no lo dice en ninguna parte: habla de 19 familias de cuatro comunidades, de comunidades locales, de residentes y de mingas, que son una institución de trabajo colectivo andina y no una acreditación de identidad. La Fundación sostiene que la calidad indígena no se establece desde afuera, ni por la práctica ni por el lugar: la declara el titular o su organización. Mientras la fuente no la acredite, esta nota no la atribuye, y el valor del caso no depende de esa etiqueta. Está en la estructura de propiedad, que es replicable con o sin ella.
