PANAMÁ, AGOSTO DE 2026. Las organizaciones agrupadas en la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques tienen títulos colectivos o concesiones sobre territorios que abarcan más del 36% de los bosques de Mesoamérica. Del financiamiento climático destinado a pueblos indígenas y comunidades locales, alrededor del 1% llega directamente a esos territorios.
El resto atraviesa estructuras de intermediación, administración y estudios antes de alcanzar a las poblaciones en cuyo nombre se gestionó. María Pía Hernández Palacios, gerente del Fondo Territorial Mesoamericano, reconoce que los controles administrativos y la rendición de cuentas son necesarios, y pone el problema donde está: cuando una parte desproporcionada de los recursos se consume antes de financiar las soluciones territoriales que justificaron su movilización.
El Fondo se creó en 2023, lo diseñan y lo dirigen pueblos indígenas y comunidades locales, y trabaja con más de 35 entidades. Partió con unos 220.000 dólares destinados a poner en pie su estructura y espera cerrar el año cerca de los 3 millones. Su política establece que el 70% de lo que recibe va a inversión territorial, y mantiene una estructura operativa de cuatro personas para contener el gasto administrativo.
Los programas regionales reportan 56.405 beneficiarios directos y más de 200.000 indirectos, con más de cinco millones de hectáreas de bosque bajo manejo comunitario. En Panamá se contabilizan unas 10.000 personas, de las cuales el 58% son mujeres. Los recursos van a señalización territorial y regeneración natural en territorios Emberá, al fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá, a la comercialización local del coco por parte del pueblo Gunadule y a iniciativas con jóvenes en Gunayala. El proyecto Corazón de la Conservación, con aval del Ministerio de Ambiente de Panamá y recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, comienza el próximo año.
“No se trata de cuántos millones tenemos en cada cuenta del banco.”
Levi Sucre Romero, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques
La frase de Sucre abre la discusión sobre cómo se mide. El Fondo está desarrollando indicadores bioculturales, porque para una comunidad el regreso de una especie de ave, una mejora en la calidad del agua o que más jóvenes hablen su lengua son resultados concretos, y esos avances conviven con las hectáreas restauradas y los ingresos generados. En el encuentro también se planteó una crítica al asistencialismo: los subsidios pueden ser necesarios en ciertas circunstancias, pero no pueden ser la respuesta permanente, y tampoco corresponde exigirle a toda comunidad que empiece a exportar de inmediato.
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El 1% nombra el problema mejor que cualquier diagnóstico: no falta financiamiento, falta que llegue. Y el 70% a inversión territorial es una regla de gobernanza citable, no una aspiración: es un porcentaje escrito en la política de un fondo administrado por las propias organizaciones, con una estructura de cuatro personas al lado para sostenerlo. Cuando se discuta el diseño de un mecanismo en Chile, ese par de números vale más que una declaración de principios.
La Recomendación N°20 de la Comisión para la Paz y el Entendimiento apunta al mismo problema en clave chilena: la falta de mecanismos eficientes de acceso a financiamiento para proyectos de personas y organizaciones indígenas. La propuesta de una Banca Indígena de las Américas que la Fundación ha puesto sobre la mesa necesita precedentes de este tipo, y lo que aporta el caso mesoamericano no es la promesa de más recursos: es un diseño donde el dinero cambia de manos con menos peajes.
Los indicadores bioculturales agregan algo a la discusión de estándares. Quien financia suele traer sus propias métricas, y cuando el territorio define también qué cuenta como resultado, la rendición de cuentas deja de ser un trámite hacia arriba. Es el mismo principio que ordena la verificación de una empresa indígena: el criterio lo fija quien tiene la calidad, no quien la compra.
Una última cosa, sobre el registro. Entre organizaciones indígenas de distintos países no hay competencia por este espacio. Un mecanismo que en tres años llevó cinco millones de hectáreas a manejo comunitario es material del que se toma inspiración, y al que se aporta la experiencia propia cuando toca.
